#Porelderechoatecho

 

Una manifestación por el derecho a techo recorrerá Madrid el sábado 25 de abril a las 12h desde Atocha hasta la Puerta del Sol. Familias afectadas por los desahucios, la venta de viviendas públicas y por el impago, por parte de la Comunidad de Madrid, de subvenciones destinadas a la rehabilitación y a la instalación de ascensores, exigirán a los candidatos que concurren en las próximas elecciones que se comprometan a hacer las modificaciones legislativas necesarias para garantizar el derecho a techo. 

23-04-2015

 

FRAVM-Vivienda 

 

                              

 

En los últimos años hemos sufrido una sucesión de atropellos que vulnera el derecho de la ciudadanía a una vivienda digna: desahucios, abusos hipotecarios, venta de viviendas públicas a fondos buitre, pelotazos urbanísticos que alimentan la especulación inmobiliaria, impago de subvenciones públicas ya concedidas...

En el período de la burbuja inmobiliaria la inversión en vivienda concentró más de la mitad de la riqueza productiva acumulada por el total de la economía española. Pero al mismo tiempo, el endeudamiento de las familias creció en más de un 300%, el precio de la vivienda en un 160%, y la ya escasa vivienda protegida descendió el 50 %.

A la presión de la burbuja inmobiliaria le siguió su estallido, la crisis económica, los despidos, el paro y... los desahucios. A pesar de que los desahucios ya no centran la atención mediática, no solo no se han reducido: según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en los primeros 9 meses de 2014 hubo un 21% más de desahucios que en el mismo periodo de 2013.

Lejos de proteger a la ciudadanía, las administraciones públicas se sumaron a los desahucios de los inquilinos de viviendas públicas. Pero no solo eso: el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital, a través del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) y de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS), respectivamente, vendieron cerca de 5.000 viviendas públicas a fondos buitre, dejando al albur de sus intereses el futuro de familias con especiales necesidades sociales. Ahora, algunas de ellas corren el riesgo de perder las ayudas públicas que recibían para pagar el alquiler, con el consiguiente riesgo de desahucio.

La venta de 2.935 viviendas públicas por parte del IVIMA al fondo de inversión estadounidense Goldman Sachs y a la gestora inmobiliaria española Azora está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción número 48, que ha visto posibles “indicios objetivos de enriquecimiento” en la operación. El Defensor del Pueblo, por su parte, ha advertido de que el cambio de arrendador “resulta claramente perjudicial [para los inquilinos] por cuanto reduce su esfera de derechos”.

Por otro lado, tanto el IVIMA como la EMVS no cesan de ordenar desahucios de familias afectadas por la crisis que no pueden hacerse cargo del alquiler de sus viviendas.

No acaba ahí la lista de agravios de las administraciones públicas a la ciudadanía: el gobierno de la Comunidad de Madrid debe decenas de millones de euros a unas 38.000 familias a las que animó a rehabilitar sus viviendas, con el agravante de que la mayoría de ellas pertenece a personas jubiladas con pensiones modestas.

La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA (AVVI), PAH Madrid, la Plataforma de Afectadas por la Vivienda Pública y Social, la Asociación de Afectados por la Venta de Vivienda de la EMVS, Yo no me Voy, Las 1.000 del Nuevo Tres Cantos, el Foro de Curas, CCOO, Redes Cristianas... convocan una manifestación para que, de una vez por todas, se haga efectivo el derecho constitucional a una vivienda digna y los políticos asuman el compromiso de emprender los cambios legislativos oportunos para garantizar su pleno ejercicio a toda las familias.

 

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