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martes, 4 de diciembre de 2018
martes, 6 de febrero de 2018
martes, 2 de mayo de 2017
lunes, 17 de octubre de 2016
El Proceso de Desarrollo Comunitario de Tetuán
jueves, 28 de julio de 2016
¿Qué es la Renta Mínima de Inserción (RMI)?
La RMI es un derecho con rango de ley (Ley 15/2001, Reglamento 126/2014) en la Comunidad de Madrid (C.M.), donde debe residir la persona solicitante. Ésta debe tener residencia legal en España, lo que no se exige al resto de la unidad familiar.
La finalidad de la RMI es atender las necesidades básicas de toda la unidad familiar residente en el mismo alojamiento (Unidad de Convivencia o UdC).
- Sustento, habitación, vestido y asistencia médica.
- Educación e instrucción de menores (o mayores, en ciertos casos).
- Gastos de embarazo y parto, si no están cubiertos de otro modo.
En una unidad de convivencia no puede haber dos o más titulares de la RMI. En ciertos casos la titularidad puede pasarse a otro miembro de la unidad.
La RMI da derecho a las siguientes prestaciones:
- Una renta mensual dependiente del número de miembros de la unidad familiar, del número de unidades de convivencia perceptoras de la RMI en el mismo alojamiento y de la cuantía de ingresos adicionales que tenga la unidad de convivencia. Su importe máximo en 2016 es 655,20 euros. El derecho a percibir la RMI empieza el mes siguiente al de la resolución
positiva. - Programa individual de inserción, proyectos de integración y proyectos de colaboración con servicios públicos de empleo.
- Da acceso a la exención de aportación farmacéutica ambulatoria, reducción del precio de los comedores escolares, bonificación en recibos de agua del Canal de Isabel II, exención de la tasa de emisión sucesiva de tarjeta sanitaria por causa no imputable a la Administración y otros beneficios establecidos por disposiciones de diversas administraciones
públicas.
La obtención de la RMI requiere el cumplimiento de requisitos relativos a:
- Residencia
- Escolarización de menores
- Tiempo de convivencia de la unidad familiar
- Edad de solicitante
- Subsidiaridad respecto a otras pensiones y prestaciones
- Carencia de recursos económicos
- Compromiso de inserción
En circunstancias excepcionales puede eximirse el cumplimiento de algunos de ellos, a petición de la trabajadora social del Centro de Servicios Sociales que nos corresponda, por medio de informe social.
La duración de la RMI es indefinida, conservando el derecho a ella en tanto que se sigan cumpliendo los requisitos y las obligaciones establecidas. La continuidad en el cumplimiento de los requisitos habrá que acreditarla anualmente y siempre que la Consejería lo pida.
Fuente: Renta Mínima [RMI]: tu derecho
sábado, 18 de junio de 2016
viernes, 10 de abril de 2015
ACUERDO POR LA GESTIÓN DIRECTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN MADRID
Con la llegada de
la "democracia", a partir de finales de los 70, la prestación de los
servicios públicos municipales empezó a tener la importancia que no había
tenido hasta entonces y que se tradujo en una mayor atención y un mayor peso
económico en los presupuestos para la dotación de estos servicios y mejorar las
condiciones de vida de la ciudadanía en Madrid. Esto también trajo consigo el
interés de muchas empresas por hacerse
con la gestión de estos servicios, a cambio de una buena contraprestación
económica. Así, con la complicidad interesada de los distintos gobiernos
municipales se fue privatizando la gestión de los diferentes servicios públicos
en la ciudad de Madrid, como la limpieza, jardinería, infraestructuras,
movilidad, alumbrado, servicios funerarios, polideportivos, centros culturales
y de mayores, transporte, vivienda, saneamiento, servicios sociales, 010,
atención al ciudadano, escuelas infantiles, etc.
Uno detrás de otro,
o conjuntamente, fueron cayendo en manos privadas la mayoría de los servicios
públicos municipales, llegando a su máximo exponente con Gallardón y Botella
como primeros ediles. Con lo que podemos decir que hoy Madrid está en manos de
las grandes empresas privadas multinacionales como ACS, FCC, FERROVIAL, OHL,
RAGA, DRAGADOS, SACYR, ya que una parte muy importante del presupuesto
municipal se salda en estas subcontrataciones de los servicios públicos, a lo
que habría que añadir otro 25% (en el 2014 más de un 30%), destinado a la
devolución de la deuda de capital.
Desde hace años
nos han intentado convencer de que los servicios privatizados eran más baratos
y más eficientes, destruyendo, al mismo tiempo, el servicio público y
desprestigiando a l@s emplead@s públic@s. La crisis-estafa ha destapado la
realidad. La necesidad de ahorrar de los ayuntamientos, por la acumulación de
deudas debido a unas gestiones desastrosas y tremendamente interesadas
vendiendo el patrimonio y los servicios públicos, ha llevado a algunos
ayuntamientos a desandar el camino.
Ayuntamientos como
el de León, gobernado por el PP, han tenido que elaborar un Plan de Ajuste, en
el que las medidas que producían más ahorro eran las de devolver a la gestión
pública servicios como el de limpieza de edificios públicos o la limpieza
urbana (hablamos de ahorros de más del 50% del presupuesto). Así lo corroboran
también informes como el del Tribunal de Cuentas, que explica, con datos, que
los servicios en gestión directa son mucho más baratos que los de gestión
privada, sobre todo en grandes Ayuntamientos (en el caso de la limpieza urbana,
de hasta un 71%). Los hechos demuestran lo contrario de lo que nos han
intentado convencer.
El interés para
promover la gestión privada es el enriquecimiento de algunos, ya que hay mucho
dinero en juego y, con la connivencia de gobierno municipal, que ha promovido
durante años esta política privatizadora, se ha generado una corrupción
política ya sistémica, moral y endémica, llevada a tal límite, que hasta la
Comisión Nacional del Mercado de la Competencia ha tenido que intervenir
multando a las empresas que hoy se están repartiendo Madrid, con el beneplácito
y la manifiesta complicidad del gobierno del Ayuntamiento. Es evidente que la
lucha contra la corrupción pasa por la recuperación y la remunicipalización de
la gestión de los servicios públicos, ya que en los ayuntamientos es en donde
se han creado y se han impulsado la mayoría de las corruptelas políticas.
Por tanto, la remunicipalización no sólo es deseable y
necesaria, sino posible. Desmontadas las mentiras, ahora han hecho correr otra:
la imposibilidad de poder recuperar los servicios contratados, porque
supondrían fuertes indemnizaciones. Otra mentira. Los contratos tienen plazos.
Los que cumplen su tiempo, pueden volver a ejercerse por el Ayuntamiento de una
manera directa.
Son muchos los
concursos por un año o dos años. Y los contratos que se dan por más de una
legislatura (es decir, que hipotecan a futuros gobiernos municipales), se
pueden anular si incumplen condiciones y objetivos, como así está ocurriendo en
muchos servicios privatizados. Además con la gestión directa de los servicios
se conseguiría el reingreso de plantillas, recuperación del empleo perdido, y
generación de nuevo empleo.
Todo esto
redundaría también en una menor presión recaudatoria, que durante estos años, y
debido a los grandes fastos (remodelación M-30), eventos (Olimpiadas,
Eurovegas…) y operaciones inmobiliarias como la operación Campamento,
Mahou-Calderón, Chamartín, a los que se
lanzó nuestro megalómano Gallardón, se nos fueron imponiendo, con grandes
subidas en impuestos como el IBI, en precios públicos, como los culturales y
deportivos, multas, o creación de tasas como la de basuras.
Las asociaciones,
organizaciones y colectivos sociales abajo firmantes
DECLARAN Y EXIGEN
1.- Que la gestión de
los servicios de competencia municipal en la ciudad de Madrid se realicen de
manera directa por el Ayuntamiento o sus empresas públicas, lo que permitirá el
abaratamiento y una mayor eficacia de la
prestación del servicio, al eliminar la rentabilidad y beneficio económico
especulativo en su gestión y la mejora de las condiciones laborales de l@s
trabajador@s. Así como la desaparición de la corrupción política basada
en esas concesiones.
2.- Se articule un plan
de remunicipalización de los servicios públicos, de manera que no se vuelva a
licitar ningún servicio cuyo plazo de concesión vaya cumpliendo, y se
establezcan los mecanismos más eficientes, temporal y económicamente hablando,
para la reversión de los contratos realizados con empresas.
3.- Se desarrolle una
real descentralización municipal, dotando de competencias y recursos a los
órganos municipales de distrito, que favorezca el control y participación en la
gestión de los servicios municipales de trabajador@s y vecin@s
con la articulación de los mecanismos necesarios. Y donde cada barrio o
distrito pueda gestionar sus propios servicios públicos.
4.- No al pago de la
deuda municipal ilegítima, con una auditoría de la misma, y con control
ciudadano para garantizar que los
servicios públicos gocen de los recursos adecuados. Actualmente la deuda del
Ayuntamiento de Madrid, asciende a casi 6.000 millones de euros.
5.- Retirada de los ERE
y ERTES de las plantillas de las contratas que gestionan los servicios
públicos, lo que conlleva el reingreso de los trabajador@s despedidos, no
subrogados y trasladados, para después exigir la reabsorción de las plantillas
por el ayuntamiento.
6.- Aplicación a todo
el personal que temporalmente siga trabajando en contratas de las mismas
condiciones laborales que disfruta el personal contratado directamente por el
Ayuntamiento y sus empresas públicas.
7.- Detener la venta
del patrimonio municipal y recuperación del entregado a empresas privadas
(algunas de las llamadas fondos buitre), tanto de edificios públicos, como de
viviendas sociales (EMV).
8.- Retirada y
derogación de la nueva Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la
Administración Local, que supone un retroceso en la autonomía de los ayuntamientos.
Enviar adhesiones a: municipalizacionmadrid@gmail.com
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