JAVIER LÓPEZ
Martes 28 agosto 2018
Cuentan que la regente María Cristina reunió a los pudientes de Madrid para recomendarles que, puesto que Madrid no tiene industria, hagamos industria del suelo. Era cierto que los vascos contaban con industrias del hierro y minas de carbón. Los catalanes habían desarrollado industrias textiles y el sector comercial. La España costera contaba con algunos puertos comerciales importantes y astilleros de renombre.
Madrid seguía siendo Villa y Corte, capital administrativa de España, comercial y cortesana, pero escasamente industrializada, más allá de algunos talleres del ejército y unos pocos. Tan sólo el embrionario ferrocarril comenzaría a traer carbón y materia prima, que permitiría con el tiempo ir creando base industrial.
Así las cosas, el abundante suelo mesetario y el ladrillo se convirtieron en motor de hacer dinero. Un hábito, práctica y costumbre empresarial que nunca ha dejado de tener éxito por estas tierras y que, con el posterior desarrollo turístico ha encontrado abundante predicamento en nuestra costa mediterránea.
Los desarrollos urbanísticos avalados por los gobiernos municipales de turno han sido siempre objeto de polémica, por los cuantiosos recursos dedicados a fomentar el negocio privado. Así vuelve a ocurrir con el polémico Paseo de la Dirección, espacio privilegiado, por su cercanía a las zonas financieras de Azca, o Plaza de Castilla, en el contorno de la estación de Chamartín, las torres del Real Madrid y el futuro desarrollo de la operación Chamartín.
El Ayuntamiento de Madrid acaba de aprobar con agostidad veraniega, la tercera modificación del Plan Parcial de Reforma Interior del Área de Planeamiento Paseo de la Dirección. La medida era necesaria, tras darse por concluido el convenio con Dragados-ACS, lo cual nos ha costado a la ciudadanía madrileña 126´6 millones de euros y 88.000 metros cuadrados en parcelas para edificación de viviendas.
Según los vecinos hablamos de algo más de 165.000 metros cuadrados, afectados por desalojos, necesitados de realojamientos, que necesitan reservas de suelo público dotacional para construir parques y equipamientos sociales, educativos, deportivos, de todo tipo. Suelo sobre el que se asienta patrimonio histórico-artístico, como el Canal Bajo de Isabel II, que forma parte de las primeras infraestructuras de traída de aguas a la capital.
Las organizaciones vecinales han solicitado participar en el desarrollo futuro de los espacios donde van a vivir, pero el proyecto viene colmado por una alta edificabilidad de torres y pisos, a precios desorbitados, que podrían alcanzar los 5.000 euros por metro cuadrado. Un negocio seguro, a la antigua usanza, para los promotores urbanísticos de siempre.
Se abre el plazo de un mes para alegaciones, que acabará a mediados de septiembre, pero ya sabemos en qué suelen quedar las alegaciones vecinales. Algún retoque elegantemente estiloso y poco más. Uno piensa que eso de las políticas participativas debería ser algo más que asistir a Foros de escasa participación y debería asegurar que se escucha al vecindario, se dialoga, se negocia con todos, sin soberbia de poder, pensando en quien más nos necesita y se toman medidas pensando en el bien y el interés general, ya sea arreglando un superbache, o planificando un desarrollo urbanístico.
Fuente. madridiario
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